PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE- se reconoce el derecho al aplicar el principio constitucional de condición más beneficiosa.

CONDICION MAS BENEFICIOSA- Fundamento Supralegal/ CONDICION MAS BENEFICIOSA- Aplica cuando la muerte del causante ocurrió en vigencia de la Ley 100/93, siempre y cuando tenga acreditadas 300 semanas para el momento en que comenzó a regir la nueva Ley de Seguridad Social.

Es preciso anotar en primer término, que esta Corporación ha seguido el sendero jurisprudencial demarcado por  la  Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, la cual ha sentado el criterio, que en materia de pensión de sobrevivientes es la fecha del deceso la que determina la normatividad que gobierna el caso,  así se ha pronunciado el alto Tribunal: (…)

Acorde con ello, para el caso que nos ocupa el conflicto debe desatarse a la luz  de la Ley 100 de 2003, en razón a que la muerte del causante ocurrió el día 24 de noviembre de 2002, calenda para la cual, no había entrado en vigencia la reforma introducida por la Ley 797 de 2003.

El artículo 46 de la Ley 100 de 1993, es del siguiente tenor: (…)

El Juez de primera instancia, absolvió al instituto demandado al verificar que el afiliado ROBINSON DE JESUS CANO OLIVERO no alcanzó a colmar el lleno de los requisitos exigidos en la norma transcrita precedentemente. En efecto,  según se desprende de ciudadanía folio 2 y la historia laboral visible a folios 49 a 56, el causante esta en régimen de transición la última cotización efectuada por este data del mes de octubre del año 2000, y como quiera que su deceso ocurrió el 24 de noviembre de 2002, no alcanzó a generar el derecho a la pensión de sobrevivientes en cabeza de sus beneficiarios, en este caso, de su compañera permanente, sencillamente porque no cotizó la densidad mínima de las 26 semanas en los interregnos señalados por la norma. 

Según lo expuesto hasta aquí y haciendo una aplicación exegética de esta disposición, la Sala tendría que confirmar la decisión absolutoria que se reprocha. Empero, no puede pasarse por alto que existen principios supralegales que sustentan la seguridad social, siendo uno de ellos el principio de la condición más beneficiosa. 

2.- PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA
Este principio se encuentra consagrado en el artículo 53 de nuestra  Constitución Política y se encuentra fundamentado en los propios fines tutelares y proteccionistas del derecho del trabajo que al ser aplicado oportunamente  entraña una verdadera función social.

Este principio se aplica para proteger expectativas cercanas a obtener un derecho, es decir, cuando se advierte que un derecho próximo a adquirirse en vigencia de una respectiva normatividad podría verse frustrado por un cambio legislativo, caso en el cual por virtud de este principio las condiciones han de ser regidas por la normatividad anterior.

En lo referente al reconocimiento de pensiones de sobrevivencia por la aplicación de la condición más beneficiosa, tanto este Tribunal como la H. Corte Suprema de Justicia han sido reiterativos al manifestar que su procedencia está determinada principalmente porque el causante, afiliado al Sistema General de Pensiones que murió en vigencia del nuevo régimen sin posibilidad de causar derecho alguno porque no cumplió con los presupuestos sustantivos de la Ley 100 de 1993, relativos a la densidad de las 26 semanas necesarias para acceder al derecho pensional, sí alcanzó a cotizar antes del 1º de abril de 1994, el número de semanas previstas en el régimen pensional anterior necesarios para acceder al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes. Para mayor ilustración sobre el tema se rememora  la sentencia de 13 de agosto de 1997, Exp. No. 9758: M.P. JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA, y reiterada en múltiples oportunidades, entre otras, en las sentencias de 26 de septiembre de 2006, radicación 29042, de 21 de noviembre de 2007, radicación 30140, y de 4 de febrero de 2009, radicación 35599, en las cuales se adoctrinó: (…)

“Pues bien, es de recordar, que sobre el tema en cuestión, esta Corporación en reiterada jurisprudencia ha adoctrinado mayoritariamente que un afiliado al régimen del Instituto de Seguros Sociales, que tenga en su haber el número y densidad de semanas exigidas en los artículo 6º, 25 y 27 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año, esto es, 300 semanas en cualquier época, o un mínimo de 150 semanas dentro de los seis (6) meses anteriores a su muerte, tiene derecho a que se le aplique el principio de la condición más beneficiosa contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política, para con ello definir su situación pensional respecto de sus beneficiarios, así no cumpla con el requisito del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, relativo a las 26 semanas cotizadas al sistema para el instante de la defunción o dentro del último año, y aunque éste fallezca en vigencia de la citada ley.

Al respecto es del caso agregar, que en lo concerniente a las dos hipótesis que contiene la mencionada normatividad que antecede a la Ley 100 de 1993, la Corte adicionalmente ha sostenido, que la primera que tiene que ver con las 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, ese número debe estar satisfecho para el momento en que comenzó a regir la nueva ley de seguridad social;…”

(Negrillas fuera del texto original)

Esbozado lo anterior, y de cara al asunto bajo examen, la Sala es del parecer que le asiste el derecho que reclama la señora ANGELA MARIA MERCADO MARTINEZ en la presente causa judicial. En efecto, la historia laboral del causante (fls 49-56) revela que bajo el anterior sistema de liquidación de aportes, esto es, antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, alcanzó a cotizar 333.8571 semanas; satisfaciendo así, el único requisito exigido por el régimen pensional precedente consagrado en el Acuerdo 049 de 1990 (D. 758/90) para generar pensión de sobrevivientes, cual era, según sus artículos 6º y 25, el de 150 semanas cotizadas en los seis años anteriores al fallecimiento, ó 300 en cualquier tiempo.

DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL 
SALA LABORAL

Magistrada Ponente: ISIS EMILIA BALLESTEROS CANTILLO
Radicación: 47001-3105-001-2007-00281-01 
                   T.S. 2010-00093-01
Demandante: ANGELA MARIA MERCADO MARTINEZ
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
Asunto: 
Aprobado según Acta N° 009 del 27 de abril de 2011.

En Santa Marta, a los veintisiete (27) días del mes de abril de dos mil once(2011), siendo el día y hora señalados, se reunieron los magistrados de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior integrada por las magistradas ISIS EMILIA BALLESTEROS CANTILLO, quien la preside, LAURA MARGARITA MANOTAS GONZALEZ y LUZ DARY RIVERA GOYENECHE, para adelantar audiencia de JUZGAMIENTO en el proceso Ordinario Laboral y resolver en ella la apelación interpuesta por la apoderada de la parte demandante contra la sentencia de 12 de noviembre de  2009, proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Ciénaga (Magdalena). 

ANTECEDENTES

La señora ANGELA MARIA MERCADO MARTINEZ solicita, en su condición de compañera permanente del afiliado ROBINSON DE JESUS CANO OLIVERO, la condena del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocerle y pagarle pensión de sobrevivientes, con sus anuales reajustes legales, e intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Pretensiones estas que sustentó en los hechos que se describen a folios 1 a 4, los cuales se sintetizan de la siguiente manera:

El señor ROBINSON DE JESUS CANO OLIVERO durante su vida laboral cotizó para cubrir el riesgo de vejez a través de varias empresas. Que el señor CANO OLIVERO falleció el día 24 de noviembre de 2002, que al momento de su deceso contaba con 577 semanas cotizadas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990. Que debido a no cumplir con el requisito de las 26 semanas cotizadas, el ISS le negó la pensión de sobrevivientes a la demandante mediante Resolución No. 3248 del 23 de julio de 2004. Que al presente asunto debe aplicársele el principio constitucional de la condición más beneficiosa ya que en materia de pensión de sobrevivientes se soportan los requisitos exigidos por el régimen anterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, el afiliado alcanzó a cotizar más de las 300 semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990 para dejar acreditado el derecho pensional reclamado.

Admitida la demanda con auto de fecha 18 de enero de 2008, de la cual se  corrió el traslado de rigor a la entidad encausada y ésta confirió poder para su representación, a fin de que ejerciera su defensa; este no cumplió con el deber encomendado al no descorrer el traslado (fl 27).

El Juez Laboral del Circuito de Ciénaga culminó la primera instancia con sentencia de 12 de noviembre de 2009, mediante la cual absolvió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de todas las pretensiones de la demanda.

El a quo, edificó su decisión absolutoria, en las premisas normativas y fácticas descritas en la sentencia, las cuales se subsumen en los siguientes argumentos: Que por haber ocurrido la muerte del causante el día 24 de noviembre de 2002, la normatividad aplicable al caso lo era la Ley 100 de 1993, preceptiva que en su artículo 46 señaló los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Que como el causante no cotizó 26 semanas durante el año inmediatamente anterior a su deceso, no dejó causado el derecho a favor de su compañera permanente.  

Inconforme con tal decisión, la apoderada de la parte demandante promovió el recurso de alzada, buscando que en sede de instancia se condene al ISS al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, por considerar que en el presente caso se debe aplicar el principio de condición más beneficiosa apoyada en una decisión de la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia – sentencia del 31 de enero de 2008 Rad. 32348 –  la cual transcribe en extenso.

CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta que el ad quem delimita el estudio del asunto puesto a su consideración a los precisos tópicos expuestos en el sustentáculo, siendo sólo ese interregno su radio de acción; se hace necesario establecer, en este caso, si la actora, señora ANGELA MARIA MERCADO MARTINEZ, tiene derecho a que se le reconozca la pensión de sobrevivientes con base en el principio constitucional de la condición más beneficiosa.   

 Para definir lo anterior, basten las  siguientes precisiones:

1.- PENSION DE SOBREVIVIENTES.

Es preciso anotar en primer término, que esta Corporación ha seguido el sendero jurisprudencial demarcado por  la  Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, la cual ha sentado el criterio, que en materia de pensión de sobrevivientes es la fecha del deceso la que determina la normatividad que gobierna el caso,  así se ha pronunciado el alto Tribunal:

(…)
Frente a la pensión de sobrevivientes, tiene establecido la Sala, que es la fecha del fallecimiento la que determina la normatividad que gobierna el caso, aún cuando en algunos eventos, distintos al analizado, se ha admitido, por circunstancias especiales, emplear las normas precedentes a la citada Ley 100 de 1993 (condición más beneficiosa, por ejemplo); pero, sin que en modo alguno, proceda la aplicación de preceptivas expedidas con posterioridad a la muerte, porque ello lo impide el principio de irretroactividad de la ley laboral (CST, artículo 16). 

Acorde con ello, para el caso que nos ocupa el conflicto debe desatarse a la luz  de la Ley 100 de 2003, en razón a que la muerte del causante ocurrió el día 24 de noviembre de 2002, calenda para la cual, no había entrado en vigencia la reforma introducida por la Ley 797 de 2003.

El artículo 46 de la Ley 100 de 1993, es del siguiente tenor:
“Requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes. Tendrán derecho a la   pensión de sobrevivientes:
1.	Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca, y 
2.	Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos: 
a.	Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte; 
b.	Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte. 
El Juez de primera instancia, absolvió al instituto demandado al verificar que el afiliado ROBINSON DE JESUS CANO OLIVERO no alcanzó a colmar el lleno de los requisitos exigidos en la norma transcrita precedentemente. En efecto,  según se desprende de ciudadanía folio 2 y la historia laboral visible a folios 49 a 56, el causante esta en régimen de transición la última cotización efectuada por este data del mes de octubre del año 2000, y como quiera que su deceso ocurrió el 24 de noviembre de 2002, no alcanzó a generar el derecho a la pensión de sobrevivientes en cabeza de sus beneficiarios, en este caso, de su compañera permanente, sencillamente porque no cotizó la densidad mínima de las 26 semanas en los interregnos señalados por la norma. 

Según lo expuesto hasta aquí y haciendo una aplicación exegética de esta disposición, la Sala tendría que confirmar la decisión absolutoria que se reprocha. Empero, no puede pasarse por alto que existen principios supralegales que sustentan la seguridad social, siendo uno de ellos el principio de la condición más beneficiosa. 

2.- PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA

Este principio se encuentra consagrado en el artículo 53 de nuestra  Constitución Política y se encuentra fundamentado en los propios fines tutelares y proteccionistas del derecho del trabajo que al ser aplicado oportunamente  entraña una verdadera función social.

Este principio se aplica para proteger expectativas cercanas a obtener un derecho, es decir, cuando se advierte que un derecho próximo a adquirirse en vigencia de una respectiva normatividad podría verse frustrado por un cambio legislativo, caso en el cual por virtud de este principio las condiciones han de ser regidas por la normatividad anterior.

En lo referente al reconocimiento de pensiones de sobrevivencia por la aplicación de la condición más beneficiosa, tanto este Tribunal como la H. Corte Suprema de Justicia han sido reiterativos al manifestar que su procedencia está determinada principalmente porque el causante, afiliado al Sistema General de Pensiones que murió en vigencia del nuevo régimen sin posibilidad de causar derecho alguno porque no cumplió con los presupuestos sustantivos de la Ley 100 de 1993, relativos a la densidad de las 26 semanas necesarias para acceder al derecho pensional, sí alcanzó a cotizar antes del 1º de abril de 1994, el número de semanas previstas en el régimen pensional anterior necesarios para acceder al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes. Para mayor ilustración sobre el tema se rememora  la sentencia de 13 de agosto de 1997, Exp. No. 9758: M.P. JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA, y reiterada en múltiples oportunidades, entre otras, en las sentencias de 26 de septiembre de 2006, radicación 29042, de 21 de noviembre de 2007, radicación 30140, y de 4 de febrero de 2009, radicación 35599, en las cuales se adoctrinó:

“Pues bien, es de recordar, que sobre el tema en cuestión, esta Corporación en reiterada jurisprudencia ha adoctrinado mayoritariamente que un afiliado al régimen del Instituto de Seguros Sociales, que tenga en su haber el número y densidad de semanas exigidas en los artículo 6º, 25 y 27 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año, esto es, 300 semanas en cualquier época, o un mínimo de 150 semanas dentro de los seis (6) meses anteriores a su muerte, tiene derecho a que se le aplique el principio de la condición más beneficiosa contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política, para con ello definir su situación pensional respecto de sus beneficiarios, así no cumpla con el requisito del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, relativo a las 26 semanas cotizadas al sistema para el instante de la defunción o dentro del último año, y aunque éste fallezca en vigencia de la citada ley.

Al respecto es del caso agregar, que en lo concerniente a las dos hipótesis que contiene la mencionada normatividad que antecede a la Ley 100 de 1993, la Corte adicionalmente ha sostenido, que la primera que tiene que ver con las 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, ese número debe estar satisfecho para el momento en que comenzó a regir la nueva ley de seguridad social;…”

(Negrillas fuera del texto original)

Esbozado lo anterior, y de cara al asunto bajo examen, la Sala es del parecer que le asiste el derecho que reclama la señora ANGELA MARIA MERCADO MARTINEZ en la presente causa judicial. En efecto, la historia laboral del causante (fls 49-56) revela que bajo el anterior sistema de liquidación de aportes, esto es, antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, alcanzó a cotizar 333.8571 semanas; satisfaciendo así, el único requisito exigido por el régimen pensional precedente consagrado en el Acuerdo 049 de 1990 (D. 758/90) para generar pensión de sobrevivientes, cual era, según sus artículos 6º y 25, el de 150 semanas cotizadas en los seis años anteriores al fallecimiento, ó 300 en cualquier tiempo.

Pues bien, estando acreditados fehacientemente los presupuestos fácticos y jurídicos que hacen prosperar las aspiraciones de la demandante a percibir la prestación de sobrevivientes, el Tribunal condenará al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar a la señora ANGELA MARIA MERCADO MARTINEZ pensión de sobrevivientes a partir del día 24 de noviembre de 2002 en cuantía de $309.000,00 equivalente al salario mínimo legal mensual de 2002, dado que no puede haber pensiones por debajo de ese tope, y atendiendo al hecho de que, si bien es cierto que  el causante señor ROBINSON DE JESUS CANO OLIVERO cotizó a pensiones sobre un Ingreso Base de Cotización de $277.505.oo, no lo es menos que, al aplicar a aquél el porcentaje de 65% como lo indica el inciso final del  artículo 48 de la Ley 100 de 1993, el resultado sería una pensión inferior al salario mínimo legal mensual. 

De tal suerte que la condena se elevará por los valores que seguidamente se relacionan, sin que haya lugar a declarar la prescripción sobre algunas mesadas que podrían, eventualmente, estar afectadas por este fenómeno, dada la inoperancia, en este caso, de la oficiosidad en la declaración de la prescripción, toda vez que la entidad demandada no invocó en su defensa  esta excepción pues no contestó la demanda; razón por la cual la sala dispondrá que por secretaría se compulsen copias al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su conocimiento, dada la implicación que tiene el que la demandada es una entidad de derecho público.

MESADAS PENSIONALES INSOLUTAS
años	Valor pensión	Numero de mesadas/Días	Valor mesadas por año	
2002	$309.000,00	3	$927000,00	
2003	$332.000,00	14	$.4.648.000,00	
2004	$ 358.000,00	14	$5.012.000,00	
2005	$381.500,00	14	$ 5.341.000,00	
2006	$408.000,00 	14	$5.712.000,00	
2007	$433.700,00 	14	$6.071.800,00	
2008	$461.500,00 	14	$6.461.000,00	
2009	 $496.900,00	14	$6.956,600,00	
2010	$515.000	14	$7.210.000,00	
2011	$535.600	 4	$2.142.400,00	
                                                               TOTAL MESADAS INSOLUTAS= $50.481.000

3.- INTERESES MORATORIOS
Igualmente se elevará condena por concepto de los interese moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 19993, siendo ellos procedentes cuando la pensión correspondiente se reconoce en vigencia de esta ley, bajo el entendido de que ya se encuentran cumplidos los requisitos del régimen anterior, por virtud del principio de condición más beneficiosa.  Así lo tiene delineado la Casación Laboral, por ejemplo, en sentencia de 4 de febrero de 2009, dictada en el expediente 35599 con ponencia del magistrado Eduardo López Villegas,  la casación laboral expuso:
“El problema jurídico que se plantea, atinente a la procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, cuando se concede la pensión de sobrevivientes o de invalidez por cumplirse los requisitos de los reglamentos del seguro social, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, ya ha sido resuelto por esta Corporación.

“Por lo tanto, para dar respuesta al cargo basta remitirse a lo expuesto recientemente en sentencia de 25 de noviembre de 2008, rad. N° 33164, donde se dijo: 
  
“La jurisprudencia de esta Sala ha entendido que bajo la expresión ‘en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley’ contenida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, quedan comprendidas las pensiones que se forman dentro del sistema ya como pensiones de vejez, de invalidez ora de sobrevivientes. 

“Y no solamente las que se concedan cumpliendo con los requerimientos de los artículos 31, 33, 39 y 46 de la citada normatividad, sino también aquellas que se formaron en los regímenes anteriores administrados por el Instituto de Seguros Sociales, esto es, las de vejez que quedaron a cargo del Sistema de Seguridad Social Integral que se conceden regidas por las reglas del artículo 36 de la Ley 100 o régimen de transición, por satisfacer los requisitos previstos en los artículos 12 y 25 del Acuerdo 049 de 1990 y causadas en vigencia de la ley 100 de 1993, y las que por interpretación jurisprudencial también quedaron incorporadas al Sistema con el cumplimiento de estas exigencias, dentro de las cuales están comprendidas las pensiones de sobrevivientes como la que se reclama en el sub lite.

“Esta Corporación ha tenido la oportunidad de aplicar este criterio, en otras ocasiones en que también se han concedido pensiones de sobrevivientes con invocación del principio de la condición más beneficiosa y se ha declarado procedente la condena a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, entre ellas las de 21 de marzo de 2007 rad. N° 27549 y de 11 de septiembre de 2007 rad. N° 29818. En esta última se dijo textualmente:  

‘De los primeros (intereses moratorios establecida (sic) en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993) se tiene que son procedentes, habida consideración que la pensión de sobrevivientes es una prestación consagrada en dicha normatividad y en el presente caso está (sic) se causó durante su vigencia, pues el señor Libardo de Jesús Ríos de quien la actora deriva el derecho a la misma, falleció el 15 de febrero de 2000)’”.

Siéguese de las anteriores consideraciones, la condena al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de los  intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde la fecha en que opera la condena al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a las demandadas, es decir, desde el 24 de noviembre de 2002, hasta el momento en que se efectúe el pago, momento para el cual se aplicará la siguiente fórmula: I = (MxT)/100,  donde I es el interés anual, M el valor anual de las 14 mesadas (12 ordinarias y 2 adicionales), T tasa máxima de interés moratorio a la fecha en que se efectúe el pago.

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes las sentencia apelada de fecha 12 de noviembre de 2009, dentro del proceso Ordinario Laboral seguido por ANGELA MARIA MERCADO MARTINEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y en su lugar:

A)	CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES a partir del 24 de noviembre de 2002, en cuantía inicial de $309.000,00 con sus incrementos anuales y mesadas adicionales, a la señora ANGELA MARIA MERCADO MARTINEZ  compañera permanente del causante ROBINSON DE JESUS CANO OLIVERO, con carácter vitalicio. 

B)	CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer  y pagar a la señora ANGELA MARIA MERCADO MARTINEZ, el retroactivo pensional conformado por las mesadas causadas desde esa fecha 24 de noviembre de 2002, por valor de CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS ($ 50.481.000,00) y las que en adelante se llegaren a causar hasta que se inicie su inclusión en la nómina de pensionados.

C)	CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer  y pagar a la señora ANGELA MARIA MERCADO MARTINEZ, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 que resulten de la suma de los calculados anualmente (I) sobre el monto total de las 14 mesadas de cada (M) año, o del número de ellas del año correspondiente, a la tasa máxima de interés moratorio a la fecha en que se efectúe el pago (T), de acuerdo con la siguiente fórmula: I = (MxT)/100   .

SEGUNDO: COSTAS en primera instancia a cargo de la demanda. Sin costas en esta instancia. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma por los que en ella intervinieron.

ISIS EMILIA BALLESTEROS CANTILLO

LAURA MARGARITA MANOTAS GONZALEZ
                                                       CON PERMSIO

LUZ DARY RIVERA GOYENECHE