CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA- Va envuelta en todo contrato bilateral, pudiendo, el contratante cumplido –en caso de incumplimiento de la otra parte-,  pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios.

En palabras de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SC11287-2016 del 17 de agosto de 2016. M.P. ARIEL SALAZAR RAMÍREZ. Radicación Nº 11001-31-03-007-2007-00606-01:

“En virtud del presupuesto normativo de la libertad de estipulación de los contratantes, la parte que cumple o se allana a cumplir está facultada para solicitar judicialmente al deudor incumplido la ejecución de la prestación que se encuentra a su cargo, o bien la resolución del contrato si a ello hubiere lugar, según su libre opción. El derecho expresa esta proposición en los siguientes términos:

En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado.
Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. (Artículo 1546 del Código Civil)

En el mismo sentido, el artículo 870 del Código de Comercio establece:

En los contratos bilaterales, en caso de mora de una de las partes, podrá la otra pedir su resolución o terminación, con indemnización de perjuicios compensatorios, o hacer efectiva la obligación, con indemnización de los perjuicios moratorios.

En estos enunciados normativos se materializa la voluntad del legislador patrio de consagrar la fuerza vinculante de los contratos, es decir su función ordenadora de las relaciones sociales, al tiempo que reconoce su carácter interpretativo del negocio jurídico.”

La Corporación en cita, en el mismo pronunciamiento, precisa que “Por tratarse de un contrato bilateral, la compraventa lleva implícita la condición resolutoria tácita, por lo que el incumplimiento por una de las partes de las obligaciones a su cargo, coloca a la otra en la posición de poder solicitar su resolución, para lo cual se requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos: a) que se trate de contrato bilateral válido; b) que quien promueva la acción haya cumplido con sus obligaciones o haya estado dispuesto a cumplirlas, y c) que el otro contratante haya incumplido las obligaciones que le corresponden.”

FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ A QUO SOBRE EXCEPCIÓN PLANTEADA POR LA PARTE DEMANDADA- No constituye fundamento plausible de la alzada, como quiera que el apelante cuenta con la facultad de solicitar la adición de la sentencia apelada, en la forma prevista por el artículo 287 del C.G.P.

En el sub exámine, los señores NÉSTOR JOSÉ BENAVIDES LÓPEZ, MIRIAM NIETO DE BENAVIDES y la Compañía Comercial y Ganadera TICO BENAVIDES LTDA., reclamaron la resolución del contrato de compraventa de inmuebles por incumplimiento del pago de parte del precio por la empresa compradora INVINAG S.A.S. INVERSIONES INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA S.A.S., a lo que accedió el Juzgado de primera instancia, decisión contra la que arremetió la enjuiciada, esgrimiendo que no hubo pronunciamiento sobre la excepción de incumplimiento no resolutorio, que hubo una “SENDA EQUIVOCADA”, que la sentenciadora no apreció adecuadamente la confesión de los demandantes ni las pruebas documentales y testimoniales, la renuncia a la condición resolutoria y la buena fe de la compradora, amén de que omitió declarar el derecho de retención en su favor.  

Así, en acatamiento de lo estatuido por el artículo 328 del Código General del Proceso, exclusivamente sobre tales tópicos versará el estudio de este Tribunal.

Por tanto la Sala debe indicar que los argumentos planteados en esta audiencia al final de la misma por el apoderado de la parte demandada sobre no indicar el a quo el plazo para el cumplimiento de la sentencia y la indexación de la suma de dinero a restituir no fueron motivo de reparo en primera instancia y por tanto no se sujetaron al inciso 3º del artículo 327 del CGP., esto es, no se plantearon en la primera instancia.

Desde ya se advierte que el reproche consistente en la falta de pronunciamiento sobre la excepción de incumplimiento no resolutorio está llamado al fracaso, en primer lugar, porque de haber sido así, contaba el alzante con la facultad de solicitar la adición de la sentencia apelada, en la forma prevista por el artículo 287 del mencionado Estatuto Adjetivo. (…)

RESOLUCIÓN DE CONTRATO / INVIABILIDAD –En determinadas ocasiones los retrasos, cumplimientos parciales o los   incumplimientos de obligaciones accesorias no poseen la entidad suficiente para impulsar los mecanismos tendientes a la resolución contractual, dado que se podrían generar situaciones inequitativas, contrarias a la buena fe.

Con todo, se examinará esa situación, a la luz de las explicaciones del Cuerpo Colegiado ya citado, en Sentencia adiada 18 de diciembre de 2009 con referencia 41001-3103-004-1996-09616-01, en la que fungió como ponente el Dr. ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ, invocada  por la censura. El mentado pronunciamiento conceptúa: 

“… no toda separación por parte del deudor respecto del “programa obligacional” previamente establecido, permite poner en funcionamiento los mecanismos encaminados a extinguir la relación que une al obligado con el acreedor –particularmente la resolución contractual-, toda vez que, en ciertas ocasiones, retrasos en el cumplimiento o cumplimientos parciales, que en principio podrían dar lugar a la resolución contractual, no se consideran de entidad suficiente como para justificar tan radical determinación, en cuanto se podrían producir con ello situaciones inequitativas, facilitar ejercicios abusivos o contrarios a la buena fe de la señalada facultad resolutoria, además de afectarse el principio de conservación del contrato.

En el contexto que se ha precisado anteriormente, la doctrina y la jurisprudencia han considerado que en esta materia resulta pertinente distinguir, entonces, si la obligación insatisfecha es una obligación principal o simplemente accesoria, o también si el incumplimiento es definitivo o apenas parcial o transitorio,  y, en todo caso, analizar la trascendencia, importancia o gravedad del incumplimiento, determinadas tales circunstancias, entre otros criterios, por lo que las partes hayan convenido, por la afectación que se haya presentado en el interés del acreedor en el mantenimiento  de la relación, por la frustración del fin práctico perseguido con el contrato –en la que se incluye la inobservancia de un término esencial-, o, en fin, por el impacto que se haya podido generar en la economía del contrato.” (Negrillas del Tribunal).

En el asunto sometido a consideración de esta Colegiatura, se tiene que la dación en pago como parte del precio no solamente fue pactada como una obligación principal, pues atañe a uno de los elementos sine qua non del contrato de compraventa, a saber el precio en una nada despreciable proporción superior al veinte por ciento (20%) de su monto total, sino que su satisfacción era evidentemente trascendente para los vendedores, pues les hubiera permitido, a su vez, honrar compromisos adquiridos con terceros. No huelga afirmar que en este preciso evento el denunciado incumplimiento, a pesar de ser parcial, se entiende como definitivo, que no como cumplimiento tardío, porque habiendo transcurrido más de cuatro años desde la celebración de la compraventa, y a pesar de haber sido requerida arbitral y judicialmente por los demandantes, INVINAG S.A.S. INVERSIONES INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA S.A.S. insiste en el memorial de reparos concretos en que es la parte actora quien debe reclamar el pago de lo insoluto, de donde se colige su renuencia a cumplir voluntariamente, y que además constituye un fuerte indicio de la ausencia de la buena fe contractual de la empresa compradora.”

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Tribunal Superior del Distrito Judicial  de Santa Marta
Sala Tercera de Decisión Civil - Familia

Magistrado Ponente:
ALBERTO RODRÍGUEZ AKLE

Santa Marta, siete (7) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

RADICACIÓN. 47.001.31.03.005.2016.00040.01 (Fl. 18 Tomo III)

Acta No. 008

Se procede a desatar la apelación interpuesta por el extremo pasivo de la litis en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta el siete (7) de julio de dos mil diecisiete (2017), dentro del proceso ordinario de resolución de contrato de compraventa promovido por NÉSTOR JOSÉ BENAVIDES LÓPEZ, MIRIAM NIETO DE BENAVIDES y la Compañía Comercial y Ganadera TICO BENAVIDES LTDA., contra INVINAG S.A.S. INVERSIONES INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA S.A.S.

ANTECEDENTES

Obrando a través de apoderado judicial, los señores NÉSTOR JOSÉ BENAVIDES LÓPEZ, MIRIAM NIETO DE BENAVIDES y la Compañía Comercial y Ganadera TICO BENAVIDES LTDA. presentaron demanda ordinaria, contra INVINAG S.A.S., aspirando que se decrete la resolución del contrato de compraventa contenido en las escrituras públicas No. 465 del 30 de diciembre de 2013 y No. 108 del 1º de abril de 2014 de la Notaría Única de Santa Ana, y como consecuencia de ello se ordene a la enjuiciada la restitución de los inmuebles objeto de ellas; depreca además el pago de la parte del precio dejada de cancelar, lucro cesante por $800.000 diarios hasta la entrega, y daño emergente por $116’085.941, declarando que la enjuiciada obró de mala fe y condenándola en costas procesales  (fls. 1 a 10 Cuaderno Principal).

Como sustrato fáctico, relata el libelo que el 20 de septiembre de 2013, los promotores de la causa, suscribieron con la entidad demandada promesa de compraventa de ocho predios rurales colindantes que en total suman una cabida de 430 hectáreas, por valor de  $1.720’000.000, de los cuales $1.370’000.000 debían cancelarse en efectivo y $350’000.000 mediante dación en pago a SERFINANSA S.A. del inmueble inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria No. 080-15397 que debía verificarse dentro de los 30 días siguientes, plazo que se agotó el 26 de octubre de 2013. 

Refiere que la venta se verificó mediante escritura pública No. 465 del 30 de diciembre de 2013 otorgada ante la Notaría Única de Santa Ana, en la que la compradora afirmó que traspasó a SERFINANSA S.A. el apartamento con matrícula inmobiliaria No. 080-15397, lo cual es falso, pues, arguye, la referida dación en pago no fue ni siquiera intentada, de lo cual refieren que tuvieron conocimiento hasta el 23 de abril de 2014 por comunicación de SERFINANSA S.A., por lo que requirieron infructuosamente a la enjuiciada para que la materializara, por lo que perdieron descuentos en intereses de obligaciones bancarias, Y dejaron de explotar los predios por haberlos entregado a la compradora

Luego de subsanar las falencias señaladas por el Juzgado, y de presentar corrección de la demanda, ésta fue admitida mediante auto del veintinueve (29) de febrero de dos mil dieciséis (2016), en que se ordenó correr traslado a la enjuiciada y prestar caución según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 590 del C.G. del P. (fls. 309, 383 ibídem).

La encartada, dio contestación a la demanda formulando las excepciones de “INCUMPLIMIENTO NO RESOLUTORIO”, “RENUNCIA A LA CONDICIÓN RESOLUTORIA”, “IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEBIDA EN LA FORMA QUE FUE PACTADA”, “BUENA FE”, “MEJORAS” y “DOBLE COBRO”, con sustento en que el contrato fue cumplido en una gran proporción por las partes, quienes renunciaron al ejercicio de la acción resolutoria por lo que solo pueden solicitar el cumplimiento forzado; que la dación en pago se tornó imposible porque SERFINANSA S.A. no la aceptó, a pesar que se hizo entrega material del bien al apoderado de los enjuiciantes; que INVINAG S.A.S. ha invertido cuantiosas sumas en los bienes tradidos, ya que “De no tenerse en cuenta el valor de estas mejoras en una eventual restitución existiría un enriquecimiento sin causa…”, pues además pretende el extremo activo el pago de $350’000.000 por saldo insoluto del precio, que fue ordenado por el laudo arbitral del 4 de mayo de 2016. (fl. 396 a 408 ejusdem).

Cumplidos los trámites de rigor, se citó para audiencia inicial en que se practicaron los interrogatorios a las partes y se decretaron las pruebas, y luego a la de instrucción y juzgamiento.

LA SENTENCIA APELADA

El 7 de julio de 2017 la Jueza Quinta Civil del Circuito de Santa Marta profirió sentencia declarando no probadas las excepciones formuladas por INVINAG S.A.S., y dispuso la resolución del contrato de compraventa contenido en las escrituras públicas No. 465 del 30 de diciembre de 2013 y No. 108 del 1º de abril de 2014 de la Notaría Única de Santa Ana, ordenando restituciones mutuas entre los contendores procesales, consistentes en la devolución recíproca del precio pagado y las cosas entregadas, frutos en proporción al saldo insoluto y negando el reconocimiento de mejoras (fls. 569 a 581 ibídem).

Para arribar a tales determinaciones la sentenciadora de primer grado, verificó un pormenorizado estudio de la figura jurídica en comento, seguido de un minucioso análisis probatorio concluyó, en apretada síntesis, que está demostrado el incumplimiento de la enjuiciada en cuanto al pago total del precio de la compraventa.  

LA APELACIÓN

Inconforme con lo decidido, el mandatario judicial de INVINAG S.A.S. formuló recurso de apelación, que fue concedido por auto del 19 de julio dos mil diecisiete (2017) (fls. 586). 

Los reparos concretos presentados contra el mencionado proveído consisten en la falta de pronunciamiento sobre la excepción del incumplimiento no resolutorio, falta de apreciación de confesión de los demandantes, desconocimiento de las normas del mandato, falta de apreciación integral de las pruebas documentales y testimoniales, carencia de análisis integral de la renuncia a la condición resolutoria pactada por los contendores procesales y de la buena fe de la demandada, estimando que omitió la sentenciadora a quo declarar el derecho de retención de los predios hasta que se restituya la parte pagada del precio y que en este evento se equivocó la senda, pues “lo que debió pretender era el cumplimiento de la suma no cancelada”

ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL

Admitida que fue la alzada el treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017), y posteriormente, en proveído del quince (15) de enero de dos mil dieciocho (2018), se convocó a la audiencia de rigor de la que trata el artículo 327 del C.G.P. (Fls. 4 y6_ C. Tribunal).

Verificado que no existe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a tomar la decisión que en derecho corresponda, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

En palabras de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SC11287-2016 del 17 de agosto de 2016. M.P. ARIEL SALAZAR RAMÍREZ. Radicación Nº 11001-31-03-007-2007-00606-01:

“En virtud del presupuesto normativo de la libertad de estipulación de los contratantes, la parte que cumple o se allana a cumplir está facultada para solicitar judicialmente al deudor incumplido la ejecución de la prestación que se encuentra a su cargo, o bien la resolución del contrato si a ello hubiere lugar, según su libre opción. El derecho expresa esta proposición en los siguientes términos:

En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado.
Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. (Artículo 1546 del Código Civil)

En el mismo sentido, el artículo 870 del Código de Comercio establece:

En los contratos bilaterales, en caso de mora de una de las partes, podrá la otra pedir su resolución o terminación, con indemnización de perjuicios compensatorios, o hacer efectiva la obligación, con indemnización de los perjuicios moratorios.

En estos enunciados normativos se materializa la voluntad del legislador patrio de consagrar la fuerza vinculante de los contratos, es decir su función ordenadora de las relaciones sociales, al tiempo que reconoce su carácter interpretativo del negocio jurídico.”

La Corporación en cita, en el mismo pronunciamiento, precisa que “Por tratarse de un contrato bilateral, la compraventa lleva implícita la condición resolutoria tácita, por lo que el incumplimiento por una de las partes de las obligaciones a su cargo, coloca a la otra en la posición de poder solicitar su resolución, para lo cual se requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos: a) que se trate de contrato bilateral válido; b) que quien promueva la acción haya cumplido con sus obligaciones o haya estado dispuesto a cumplirlas, y c) que el otro contratante haya incumplido las obligaciones que le corresponden.

En el sub exámine, los señores NÉSTOR JOSÉ BENAVIDES LÓPEZ, MIRIAM NIETO DE BENAVIDES y la Compañía Comercial y Ganadera TICO BENAVIDES LTDA., reclamaron la resolución del contrato de compraventa de inmuebles por incumplimiento del pago de parte del precio por la empresa compradora INVINAG S.A.S. INVERSIONES INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA S.A.S., a lo que accedió el Juzgado de primera instancia, decisión contra la que arremetió la enjuiciada, esgrimiendo que no hubo pronunciamiento sobre la excepción de incumplimiento no resolutorio, que hubo una “SENDA EQUIVOCADA”, que la sentenciadora no apreció adecuadamente la confesión de los demandantes ni las pruebas documentales y testimoniales, la renuncia a la condición resolutoria y la buena fe de la compradora, amén de que omitió declarar el derecho de retención en su favor.  

Así, en acatamiento de lo estatuido por el artículo 328 del Código General del Proceso, exclusivamente sobre tales tópicos versará el estudio de este Tribunal.

Por tanto la Sala debe indicar que los argumentos planteados en esta audiencia al final de la misma por el apoderado de la parte demandada sobre no indicar el a quo el plazo para el cumplimiento de la sentencia y la indexación de la suma de dinero a restituir no fueron motivo de reparo en primera instancia y por tanto no se sujetaron al inciso 3º del artículo 327 del CGP., esto es, no se plantearon en la primera instancia.

Desde ya se advierte que el reproche consistente en la falta de pronunciamiento sobre la excepción de incumplimiento no resolutorio está llamado al fracaso, en primer lugar, porque de haber sido así, contaba el alzante con la facultad de solicitar la adición de la sentencia apelada, en la forma prevista por el artículo 287 del mencionado Estatuto Adjetivo. En segundo, porque auscultado el pronunciamiento apelado, se tiene que en la parte motiva de esa sentencia expresamente se anunció que “se declararán no probadas las excepciones de mérito presentadas por la demandada de INCUMPLIMIENTO NO RESOLUTORIO, IMPOSIBILIDAD DE LA PRESTACIÓN DEBIDA EN LA FORMA QUE FUE PACTADA Y BUENA FE”, lo cual se materializó en el ordinal primero del acápite resolutivo (f. 576 y 581).

Respecto de la pretendida incongruencia como motivo de recriminación contra una providencia judicial, el Órgano de Cierre de la Especialidad Civil de la Jurisdicción Ordinaria enfatiza, en la sentencia AC6886-2016 del 10 de octubre de 2016. M. P. ARIEL SALAZAR RAMÍREZ, Radicación N° 76001-31-03-003-1998-00337-01, que “La aludida causal, en línea de principio, no puede invocarse sobre la base de haberse decidido de manera adversa a los intereses del actor o cuando el resultado del proceso no satisface al impugnante si la decisión –libre de excesos o abstenciones respecto de las pretensiones– recae sobre lo que ha sido materia del pleito. En tales situaciones, naturalmente, mal podría entenderse que se dejó de resolver sobre un extremo de la controversia o que se interpretó equivocadamente la demanda o se condenó más allá de lo que se pretendió.

Con todo, se examinará esa situación, a la luz de las explicaciones del Cuerpo Colegiado ya citado, en Sentencia adiada 18 de diciembre de 2009 con referencia 41001-3103-004-1996-09616-01, en la que fungió como ponente el Dr. ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ, invocada  por la censura. El mentado pronunciamiento conceptúa: 

“… no toda separación por parte del deudor respecto del “programa obligacional” previamente establecido, permite poner en funcionamiento los mecanismos encaminados a extinguir la relación que une al obligado con el acreedor –particularmente la resolución contractual-, toda vez que, en ciertas ocasiones, retrasos en el cumplimiento o cumplimientos parciales, que en principio podrían dar lugar a la resolución contractual, no se consideran de entidad suficiente como para justificar tan radical determinación, en cuanto se podrían producir con ello situaciones inequitativas, facilitar ejercicios abusivos o contrarios a la buena fe de la señalada facultad resolutoria, además de afectarse el principio de conservación del contrato.

En el contexto que se ha precisado anteriormente, la doctrina y la jurisprudencia han considerado que en esta materia resulta pertinente distinguir, entonces, si la obligación insatisfecha es una obligación principal o simplemente accesoria, o también si el incumplimiento es definitivo o apenas parcial o transitorio,  y, en todo caso, analizar la trascendencia, importancia o gravedad del incumplimiento, determinadas tales circunstancias, entre otros criterios, por lo que las partes hayan convenido, por la afectación que se haya presentado en el interés del acreedor en el mantenimiento  de la relación, por la frustración del fin práctico perseguido con el contrato –en la que se incluye la inobservancia de un término esencial-, o, en fin, por el impacto que se haya podido generar en la economía del contrato.” (Negrillas del Tribunal).

En el asunto sometido a consideración de esta Colegiatura, se tiene que la dación en pago como parte del precio no solamente fue pactada como una obligación principal, pues atañe a uno de los elementos sine qua non del contrato de compraventa, a saber el precio en una nada despreciable proporción superior al veinte por ciento (20%) de su monto total, sino que su satisfacción era evidentemente trascendente para los vendedores, pues les hubiera permitido, a su vez, honrar compromisos adquiridos con terceros. No huelga afirmar que en este preciso evento el denunciado incumplimiento, a pesar de ser parcial, se entiende como definitivo, que no como cumplimiento tardío, porque habiendo transcurrido más de cuatro años desde la celebración de la compraventa, y a pesar de haber sido requerida arbitral y judicialmente por los demandantes, INVINAG S.A.S. INVERSIONES INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA S.A.S. insiste en el memorial de reparos concretos en que es la parte actora quien debe reclamar el pago de lo insoluto, de donde se colige su renuencia a cumplir voluntariamente, y que además constituye un fuerte indicio de la ausencia de la buena fe contractual de la empresa compradora.

Siguiendo esta línea de pensamiento, la lógica conclusión es que en este asunto el incumplimiento parcial de INVINAG S.A.S. INVERSIONES INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA S.A.S. sí abre paso a la pretensión resolutoria, no solamente por la cuantía y proporción del saldo del precio insatisfecho, sino por la relevancia que tenía para los vendedores y por el comportamiento contractual de la enjuiciada. De contera, estos argumentos dan al traste con el reproche que por “senda equivocada” formuló la apelación, pues como viene de verse el pago del remanente impagado del precio no era la única pretensión que podían formular los promotores de la causa. 

De otro lado, la pretendida confesión de los accionantes consistente en haber designado un apoderado especial ante SERFINANSA S.A. para el trámite de dación en pago, se estudiará conjuntamente con el pretendido desconocimiento de las normas sobre el contrato de mandato, pues ambas se sustentan en que el apoderado de los vendedores era quien debía materializar la dación en pago, pues le fue entregado materialmente el objeto de ésta.

Revisado el hecho séptimo del memorial primigenio, efectivamente se confirmó que allí se relata que los reclamantes tuvieron conocimiento del incumplimiento por comunicación “dirigida por SERFINANSA S.A. al abogado Luis Fernando Mendoza a quien los señores Benavides habían encargado frente a SERFINANSA S.A. de concretar la dación en pago que INVINAG S.A.S. INVERSIONES INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA S.A.S. debía efectuar en favor de esa entidad financiera.” (Negrillas del texto transcrito), lo que conduce a concluir que delegaron en el referido profesional del derecho para actuar ante la referida entidad financiera, con ocasión de la plurimentada dación en pago.

Sin embargo, revisado tal aserto, que se entiende formulado bajo la gravedad del juramento por la mera presentación del libelo, por el apoderado de personas capaces con disposición del derecho en litigio, de manera libre y consciente, sobre hechos de los que tienen conocimiento directo, no percata este tribunal que de él se deriven “consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria”, en la forma requerida por el numeral 2 del artículo 191 del Código General del Proceso. 

En efecto, haber encomendado a un tercero que estuviera pendiente de que se concretaran los trámites de la forma de pago pactada, aún con la facultad de agotar trámites ante la beneficiaria SERFINANSA S.A., también ajena a la relación obligacional surgida en virtud del contrato de compraventa de inmuebles perfeccionado mediante escrituras públicas No. 465 del 30 de diciembre de 2013 y No. 108 del 1º de abril de 2014 de la Notaría Única de Santa Ana, de ninguna manera puede entenderse como un acto de exoneración para que INVINAG S.A.S. INVERSIONES INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA S.A.S. se abstuviera de consumar el negocio jurídico al que se obligó, sino como una medida adicional para intentar garantizar su cumplimiento, aunque a todas luces fue infructuosa. 

De hecho, aunque los vendedores ahora demandantes hubieran conferido potestad expresa al mencionado abogado para efectuar la más que nombrada dación en pago, esa facultad sería inane, como causa exculpativa para INVINAG S.A.S. pues debe recordarse que en nuestro medio jurídico la tradición de inmuebles, como modo de adquirir el dominio, requiere la entrega no solo material, sino jurídica de la heredad tradida, acto que está reservado para el titular del derecho de dominio inscrito en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria de la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente, según los artículos 741 y 756 del Código Civil. 

Adicionalmente, el artículo 2176 de la misma Preceptiva Sustancial, establece que “El mandatario que se halle en imposibilidad de obrar con arreglo a sus instrucciones, no es obligado a constituirse agente oficioso; le basta tomar las providencias conservativas que las circunstancias exijan.”. Es decir, ningún mandatario está obligado a obrar contra laegem, pues la Ley prevé que exista imposibilidad de cumplir con lo instruido.

Así las cosas, tampoco encuentra este Colegiado que se haya configurado la pretendida confesión, ni que se hayan transgredido las estipulaciones normativas atinentes al mandato.

Los mismos argumentos sirven para desvirtuar la alegada falta de apreciación integral de la prueba documental, concretamente estima erróneamente apreciados los siguientes escritos i) el hecho séptimo del memorial primigenio; ii) el suscrito el 30 de septiembre de 2013 entre el apoderado de NÉSTOR JOSÉ BENAVIDES LÓPEZ, MIRIAM NIETO DE BENAVIDES y la Compañía Comercial y Ganadera TICO BENAVIDES LTDA. y SERFINANSA S.A.; iii) constancia de entrega de tenencia del inmueble ofrecido en dación en pago al mencionado mandatario el 18 de octubre de 2013; iv) el de 15 de abril de 2015 en que el abogado LUIS FERNANDO MENDOZA PLAZA informa la imposibilidad del traspaso por requisitos adicionales; v)misiva de 14 de abril de 2014 de SERFINANSA S.A. al delegado de los vendedores dando continuidad a las negociaciones; vi) comunicación de SERFINANSA S.A. a la familia BENAVIDES que informa que recibirán el bien por el 80% de su avalúo reciente; vii) la prueba trasladada según la cual NATALIA BOUDE MATIS admite que LUIS FERNANDO MENDOZA siempre actuó como apoderado de los demandantes ante SERFINANSA S.A. para gestionar la dación en pago y éste expresa que INVINAG aportó la documentación a SERFINANSA S.A.; viii)la reconstrucción del proceso de pago por consignación a los promotores de la causa, para que recibieran el apartamento. 

Todos y cada uno de ellos, excepto los dos últimos que se auscultarán por separado, dan cuenta de la gestión del apoderado de los enjuiciantes, en cumplimiento de las facultades conferidas con miras a lograr el objetivo trazado, que era obtener la dación en pago del apartamento ofrecido como parte de pago del precio de la compraventa celebrada entre los ahora contendores procesales. Ninguno de esos medios demostrativos comprueba que la obligación adquirida por INVINAG S.A.S. de trasladar el dominio de un apartamento a SERFINANSA S.A. se haya cumplido o que se haya trasladado a otro titular, o que operó algún fenómeno que exonerara a aquella de honrar lo pactado, pues, se itera, como obligada por pacto expreso con su co-contratante y como titular del derecho de dominio sobre el referido apartamento, era la única que podía y debía cumplir con lo pactado. 

En todo caso, si existió alguna extralimitación en el actuar del mandatario de los impulsores de este litigio, no es la enjuiciada la llamada a reprocharlo ni a reclamar sus consecuencias, porque no hizo parte del contrato de mandato, ni siquiera como destinataria, pues aun la recurrente informa que la representación se ejercería ante SERFINANSA S.A. y no ante INVINAG S.A.S. 

Nada aportan al debate las piezas procesales del expediente reconstruido de pago por consignación contra los ahora reclamantes, puesto que allí la litis nunca se trabó, porque la demanda fue rechazada el 14 de agosto de 2015 por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, determinación confirmada en sede de apelación por otra Sala de este Tribunal el 18 de noviembre de ese mismo año. Ninguna evidencia reposa en el legajo de la promoción de otro trámite judicial con idéntica finalidad. 
 
Ahora bien, dando pleno mérito demostrativo a los documentos contentivos de los testimonios de NATALIA BOUDE MATIS y LUIS FERNANDO MENDOZA trasladados del proceso arbitral, y admitiendo el enfoque y las connotaciones que le irroga el inconforme, no llegan a suplir la carencia de prueba respecto del cumplimiento o la voluntad de cumplir de INVINAG S.A.S., quien debió demostrar, al menos, que dentro de los 30 días siguientes a la promesa de compraventa o antes de la suscripción de la escritura pública que perfeccionó el contrato prometido, estuvo realmente dispuesta a materializar la tradición ofrecida en modalidad de dación en pago, por ejemplo, acudiendo a una Notaría y dejando constancia de ello y de los paz y salvos y documentos necesarios para llevar a cabo el traspaso” al que se comprometió. 

Debe puntualizarse que, merece total credibilidad el testimonio de LUIS FERNANDO MENDOZA, cuya apreciación echa en falta el apelante, y lo único que con ello se comprueba es que el deponente recabó la documentación para la dación en pago que le suministró la representante legal de INVINAG S.A.S., pero no demuestra que ésta haya cumplido el débito contractual que había adquirido de hacer tradición del dominio, a título de dación en pago, en favor de SERFINANSA S.A. de un inmueble como parte de pago del precio. Nótese que ni siquiera alega la recurrente que actuó ante SERFINANSA S.A., para lo cual estaba facultada no solo por el pacto expreso al que se viene haciendo alusión, sino por la ley, pues debe memorarse que el artículo 1630 del Código Civil establece que “Puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre de él, aún sin su conocimiento o contra su voluntad, y aún a pesar del acreedor.”

Así las cosas, se insiste, esos mecanismos suasorios no producen las consecuencias exonerativas que pregona el alzante, porque con ellos no queda establecido fehacientemente que INVINAG S.A.S. INVERSIONES INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA S.A.S. haya cumplido o se haya allanado a cumplir con la dación en pago en beneficio de SERFINANSA S.A., a que se obligó mediante escritura pública No. 465 del 30 de diciembre de 2013.

Ahora bien, es innegable que los extremos contractuales pueden pactar expresamente la renuncia de la condición resolutoria, bien expresa, ya tácita; así lo predica la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 23 de marzo de 2012, que tuvo como ponente a la Dra. RUTH MARINA DÍAZ RUEDA, dentro del expediente de referencia N° 11001 31 03 042 2007 00067 01, cuando afirma que “el desprendimiento de la resolución bien puede acontecer por expresa manifestación ó por el no ejercicio de la acción pertinente; en todo caso, emerge, sin la menor duda, que en los contratos bilaterales de libre discusión, es un derecho susceptible de ser dispuesto por cualquiera de los contratantes, en la medida en que no violenta o desconoce el orden público…”

La censura reclama, no otra cosa que, la aplicación de la cláusula “QUINTA” de la escritura pública N° 465 otorgada el 30 de diciembre de 2013 en la Notaría de Santa Ana, que a la letra dispone: “Las partes declaran que renuncian en favor de la otra parte en forma mutua a la condición resolutoria tacita (sic) derivada del cumplimiento de las futuras obligaciones que se derivan del presente contrato.” (Negrillas de la Sala).

De antaño, la multicitada Colegiatura dejó diáfanamente establecido que “cuando el pensamiento y el querer de quienes concertaron un pacto jurídico quedan escritos en cláusulas claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene que presumirse que estas estipulaciones así concebidas son el fiel reflejo de la voluntad interna de aquellos y que, por lo mismo, se torna inocuo cualquier intento de interpretación”. 

En el sub exámine, la interpretación que le prodiga el recurrente difiere del tenor literal que viene de verse, pues el alzante propone que debe entenderse que tal renuncia cobija la resolución por el incumplimiento de todas las obligaciones emanadas de esa negociación, no solo las que quedaron pendientes como el levantamiento de hipotecas, sino también las que allí se declararon como satisfechas, entre las que se cuenta la de “traspaso del apartamento 2 del edificio ubicado en la calle 20 # 20 120 con un área de 280 metros cuadrados matrícula inmobiliaria 08015397 de la ciudad de Santa Marta a la empresa SERFINANSA S.A. que ha sido efectuado a nombre de la sociedad compradora…” (f. 73). 

Sin embargo, tal razonamiento no es de recibo, porque riñe no solo con el criterio pacíficamente aceptado a que se hizo referencia, sino con el mismo espíritu contractual ante lo claro y preciso del pacto,  pues allí se estipularon expresamente obligaciones para ser satisfechas en el futuro, esto es, que se generaran o tuvieran que cumplirse después de perfeccionada la compraventa, sobre las que fue voluntad inequívoca de los contratantes restringir la ineficacia de la cláusula resolutoria tácita. Verbi gratia, en el parágrafo primero de la cláusula “CUARTA” se lee que “los inmuebles sobre los cuales pesan las hipotecas descritas a nombre de Leasing Bancolombia Compañía de Financiamiento Comercial y Bancolombia S.A. serán liberados de este gravamen dentro de los seis meses siguientes a la firma del presente documento levantando las citadas hipotecas.”, a cargo del extremo tradente, concluyéndose que, según lo pactado, solo respecto de las así previstas opera el abandono de la prerrogativa legal en comento. 

Revisado el referido instrumento público, se constató que en él no se alude a la dación en pago a SERFINANSA S.A. como una obligación pendiente, o que debería cumplirse con posterioridad al contrato, sino como un acto consumado, que por tanto escapa al convenio excluyente, por lo cual tampoco prospera el reproche en estudio.

Igual suerte corre el que versa sobre la ausencia de declaración de derecho de retención en cabeza de la demandada, por la simple, pero potísima razón de que ésta no lo solicitó en la contestación de la demanda en la forma en que viene ordenado por el numeral 3 del artículo 96 del Código General del Proceso. Es decir, no fue planteado como un thema decidendum para la Funcionaria que desató el lazo de instancia, por lo cual no le era exigible un pronunciamiento en tal sentido. No pasa desapercibido para este Tribunal que en vigencia de los Decretos 1400 y 2019 de 1970, no era imperativo solicitar su reconocimiento en la contestación de la demanda por lo que era menester abordarlo oficiosamente, sin embargo, desde la reforma introducida al Código de Procedimiento Civil por el Decreto 2282 de 1989, el 1º de junio de ese año, no corresponde al fallador abordar su estudio si no fue propuesto por el convocado a juicio, postulado reproducido a pie juntillas por el Régimen Adjetivo vigente, bajo cuyo imperio, es ineludible su planteamiento en la oportunidad procesal ya señalada.

En este orden de ideas, es palmario que INVINAG S.A.S. INVERSIONES INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA S.A.S. no comprobó haber dado cabal cumplimiento, o allanarse a cumplir, una de las obligaciones que adquirió al suscribir, a través de su representante legal, el analizado contrato de compraventa, tampoco acreditó que tal débito no estuviera a su cargo, ni la indebida valoración probatoria o las incongruencias enrostradas y por ende no surge para ella la prosperidad del recurso vertical.

Lógico colofón de las disertaciones precedentes, deviene la confirmación de la sentencia apelada, en su totalidad, condenando en costas al apelante, habida cuenta de la improsperidad de la alzada.

Finalmente, en acatamiento de lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 365 del Código General del Proceso, y teniendo en cuenta las tarifas establecidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada en esta instancia, fijar las agencias en derecho, en la suma de setecientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos ($781.242), equivalentes a un salario mínimo legal mensual vigente para el año dos mil dieciocho (2018).

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta el siete (7) de julio de dos mil diecisiete (2017), dentro del proceso ordinario de resolución de contrato de compraventa promovido por NÉSTOR JOSÉ BENAVIDES LÓPEZ, MIRIAM NIETO DE BENAVIDES y la Compañía Comercial y Ganadera TICO BENAVIDES LTDA. contra INVINAG S.A.S. INVERSIONES INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA S.A.S., por las razones dadas en el acápite motivo de esta sentencia. 

SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia al apelante. Tásense en su oportunidad.

TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma de setecientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos ($781.242).

CUARTO: Esta providencia queda notificada en estrados. Se termina la presente audiencia siendo las 4:47 P.M., remítase el proceso a su lugar de origen, para lo de su cargo. Se expide la respectiva acta que contiene sola la parte resolutiva y se suscribe por los integrantes de esta Sala, y de la cual forma parte el control de asistencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ALBERTO RODRÍGUEZ AKLE 
Magistrado Ponente

TULIA CRISTINA ROJAS ASMAR
Magistrada

CRISTIAN SALOMÓN XIQUES ROMERO
Magistrado