La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, el pasado 3 de diciembre del presente año, emitió un comunicado donde insta a los servidores judiciales para que restauren la prestación ininterrumpida del servicio público de administrar justicia, con ocasión al cese de actividades que ya supera los 50 días. En los siguientes términos se pronuncio la aludida comisión:
“La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial registra con honda preocupación la prolongación, por más de cincuenta días, del cese de actividades que adelantan servidores públicos de la justicia, ocasionando con ello nefastas consecuencias sobre la eficacia de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la vigencia de la Democracia.
Como lo ha subrayado la jurisprudencia Colombiana, el artículo 228 de la Carta Fundamental obliga a que el ejercicio de la función pública de administrar justicia y, por lo mismo, las distintas actuaciones que sean indispensables para cumplir con su finalidad de preservar el orden político, económico y social justo, deben ajustarse al principio de continuidad, es decir, exigen de los funcionarios vinculados a la Rama Judicial la obligación de prestar el servicio de justicia en forma permanente y regular, sin interrupciones en el tiempo ni en el espacio, salvo las excepciones que establezca la ley. Esa obligación de mantener la pe-manencla de la jurisdicción, se erige en medio preponderante dentro del Estado de Derecho, para garantizar el cumplimiento de sus fines esenciales.
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La confianza pública en la justicia implica credibilidad en la judicatura, y esta se ve seriamente amenazada cuando la ciudadanía advierte que el deber de salvaguarda de los altísimos valores que le han sido confiados a los jueces, se ignora. Los servidores de la justicia, al igual que todos los trabajadores colombianos gozan de las garantías que la Constitución y la Ley han previsto para asegurar condiciones laborales dignas y justas. Sin embargo, esas reivindicaciones deben ser tramitadas por medios legítimos e institucionales, ysin que con ello se sacrifiquen de manera desproporcionada e irrazonable los fines del Estado, los derechos fundamentales de los asociados y se amenacen los cimientos de la democracia.
La Comisión insta a los servidores judiciales que persisten en el cese de actividades para que restauren la prestación ininterrumpida del servicio público de administrar justicia, recordando la altísima misión que la Constitución y la ley les ha confiado, como garantes de los derechos, obligaciones, y libertades consagrados en ellas, y como agentes imprescindibles para la realización de la convivencia social y el mantenimiento de la concordia nacional.”
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