Por: Mauricio Cristancho Ariza
Escuela de Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal “Luis Carlos Pérez”
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Universidad Nacional de Colombia
La posibilidad de impugnar una sentencia penal de carácter condenatorio no es novedosa, ya el derecho romano había establecido la provocatio ad populum como un recurso contra las decisiones de los magistrados que imponían pena capital, a efectos de que el pueblo resolviera sobre su eventual revocatoria. En Colombia, tal garantía solo tuvo consagración constitucional a partir de 1991 y en la actualidad interesantes controversias se han suscitado en relación con su alcance, a partir de la Sentencia C-792/14, del Acto Legislativo 01 del 2018 y de los pronunciamientos de algunas instancias internacionales que han advertido la posible vulneración de tal prerrogativa por parte del Estado colombiano
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