El Gobierno acaba de sancionar la ley que garantiza el derecho a la capacidad legal plena de los mayores de edad con discapacidad, valiéndose de los apoyos que se requieran y con las salvaguardias adecuadas para su debido ejercicio.
Las salvaguardias pretenden impedir abusos y garantizar la primacía de la voluntad y las preferencias de la persona titular del acto jurídico.
Se establece la presunción de capacidad; así, en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para restringir el ejercicio legal de una persona. Esta presunción aplicará también para los derechos laborales.
Mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal
Los apoyos para la realización de actos jurídicos se darán por medio de dos mecanismos:
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